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DESTRUCCION DE RESERVAS FORESTALES EN VENEZUELA



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               LA DESTRUCCION DE LAS RESERVAS FORESTALES

                              DE VENEZUELA



                           JULIO CESAR CENTENO

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  Las primeras reservas forestales de Venezuela fueron creadas a inicio

  de los anos 50, con el proposito de garantizar el suministro de materia

  prima para la industria de la madera en el pais. Sin embargo, no fue sino

  20 anos despues que se otorgan las primeras concesiones. Durante ese

  tiempo, la produccion de madera en reservas forestales se baso en el

  otorgamiento de permisos anuales de extraccion, lo que en la mayoria

  de los casos condujo a la destruccion, o a una severa degradacion, de

  los recursos afectados.



  A inicio de los 70 se acuerda el otorgamiento de las primeras dos

  concesiones forestales a largo plazo (30 anos), a las empresas

  CONTACA y EMALLCA, sobre superficies de 40.700 y 60.300 hectareas,

  respectivamente, en la reserva forestal de Ticoporo, en el estado

  Barinas. Durante los siguientes diez anos, la madera industrial extraida

  de reservas forestales represento menos de 15 por ciento de la

  produccion total a nivel nacional. Las deforestaciones y los permisos

  anuales continuaron aportando la mayor proporcion de la madera

  industrial que se producia en el pais.



  Casi diez anos mas tarde se reinicia el otorgamiento de  concesiones,

  alcanzando 500.000 hectareas para 1984. Entre 1987 y 1992 la

  superficie en concesion aumenta seis veces, para superar las tres

  millones de hectareas. La mayor parte de las nuevas concesiones se

  otorgaron en el Estado Bolivar. Sin embargo, en 1992 la produccion de

  bosques bajo concesion represento solo un tercio de la produccion total

  de madera industrial en el pais. A pesar del aumento en la superficie en

  concesion, la mitad de la madera industrial continua proveniendo de

  deforestaciones y de los permisos anuales que otorga el Ministerio del

  Ambiente. El 17 por ciento restante provino de las plantaciones de Pino

  en el oriente del pais.



  Una proporcion alarmante de la superficie original de las reservas

  forestales al norte del Orinoco ha sido destruida. Los remanentes se

  encuentran en su mayor parte intervenidos y severamente degradados.

  Algunas reservas forestales desaparecieron por completo, como es el

  caso de Turen, en el Estado Portuguesa, en donde originalmente

  existian 116.000 hectareas de bosques ricos en maderas finas. Lo

  mismo ocurrio con el lote boscoso de San Francisco en el Estado

  Bolivar, en donde se destruyeron 40.000 hectareas de selva tropical.

  Tambien ha desaparecido casi la totalidad de los lotes boscosos

  originalmente localizados al norte del Orinoco, en donde se han

  destruido mas de 300.000 hectareas de bosques, y junto con ellos la

  riqueza biologica que albergaban. Otras reservas forestales perdieron la

  mayor parte de su superficie original, como Ticoporo, Caparo, San

  Camilo y Rio Tocuyo, en donde se han destruido mas de 870.000

  hectareas de bosques naturales. Esta destruccion ha ocurrido a pesar

  de que el articulo 57 de la Ley Forestal, de Suelos y Aguas establece:



  <"En ningun caso se podra colonizar o enajenar las reservas forestales,

  sin la previa autorizacion del Congreso Nacional">



  La mayor parte de la transformacion de tierras publicas, originalmente

  boscosas, a la actividad agro-pecuaria bajo propiedad privada, dentro de

  reservas forestales, ha ocurrido sin autorizacion del Congreso Nacional,

  por decision principalmente de la Federacion Campesina y del Instituto

  Agrario Nacional, con el apoyo de partidos politicos y de intereses

  economicos en las zonas afectadas.



  PARCELAS DE "INVESTIGACION"



  En 1984 entra en vigencia la Resolucion 506 del Ministerio del Ambiente,

  segun la cual los concesionarios forestales deben establecer parcelas de

  investigacion dentro de sus concesiones, y adelantar actividades de

  investigacion, con el proposito de mejorar las actividades de manejo. La

  naturaleza de la investigacion seria acordada con el Ministerio del

  Ambiente.



  Al poco tiempo, la interpretacion y aplicacion de esta resolucion se

  tergiverso de tal manera que incluia a concesionarios potenciales,

  aquellos empresarios en el proceso de preparacion de planes de

  manejo. En estos casos, al empresario se le permitia explotar los

  primeros uno o dos compartimientos de la concesion afectada, en el

  entendido de que tales explotaciones incluirian actividades de

  investigacion de valor para el desarrollo de planes de manejo mejor

  sustentados. Asi, en una concesion de 180.000 hectareas,

  concesionarios potenciales podian extraer aproximadamente 45.000 M3

  por ano, durante uno o dos anos, con un valor comercial promedio en

  el mercado local de 4 millones de dolares anuales.



  En uno de estos casos, en la Altiplanicie del Nuria, Estado Bolivar, el

  Servicio Forestal Venezolano autorizo a la empresa Maderera Nuria la

  extraccion de 44.850 metros cubicos de dos parcelas de investigacion.

  La extraccion efectiva fue de 80.000 metros cubicos, con un valor de 9

  millones de dolares.  Mas del 80 por ciento de la extraccion correspondio

  a una sola especie, el Mureillo [Erisma uncinatum], una especie de dificil

  regeneracion y la mas valiosa en esa parte del pais. La autorizacion de

  la explotacion de un volumen desproporcionado de una sola especie

  tuvo lugar a pesar de que representaba menos de una quinta parte de

  la madera comercial existente en la region, y a pesar de la politica del

  Servicio Forestal de fomentar la diversificacion de la produccion a traves

  del aprovechamiento de un mayor numero de especies.  Maderera Nuria

  es propiedad de un consorcio formado por el empresario Antonio Gaspar

  y el Ministerio de la Defensa.



  La explotacion de este lote boscoso fue investigada en 1993 por la

  Fiscalia General de la Republica y el Juzgado Quinto Penal del Distrito

  Federal. Se concluyo que se habian cometido actos ilicitos, como

  explotaciones en zonas protectoras y fuera de las areas permisadas por

  el Ministerio del Ambiente. Esta y otras actividades similares fueron

  autorizadas por el Servicio Forestal, en contradiccion con sus propias

  politicas, y sin la existencia de planes de manejo.



  Toda clase de abusos y corruptelas sirven de huella a la Resolucion

  506. Algunos concesionarios potenciales extendieron sus explotaciones

  "experimentales" durante mas de 2 anos. Otros simplemente vendian la

  madera en pie a terceras personas. El aprovechamiento de muchos de

  estos compartimiento fue particularmente descuidado, algunas veces

  bajo el argumento de que la explotacion de mayores cantidades de

  madera deberian formar parte de actividades "experimentales".



  La mayor parte de las investigaciones realizadas por aplicacion de esta

  resolucion carece de valor tecnico, cientifico o practico. Su tipo y alcance

  evidencian que, en su mayor parte, la investigacion fue utilizada como

  una excusa para explotar bosques ricos en maderas comerciales, sin

  cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Forestal, de Suelos y

  Aguas.





  LEY PENAL DEL AMBIENTE



  Con la promulgacion de la Ley Penal del Ambiente en 1992, la

  extraccion de madera comercial de parcelas experimentales fue

  cuestionada. De acuerdo con esta nueva ley, toda actividad industrial

  debe ser precedida por un estudio de impacto ambiental. La explotacion

  comercial de parcelas experimentales se considero violatoria de la

  reglamentacion vigente.



  La presion de grupos conservacionistas llevo varios de estos casos a los

  tribunales de justicia. La decision de la corte en 1994 desemboco en la

  remocion del director del Servicio Forestal y de algunos de sus mas

  cercanos colaboradores, y en orden de arresto contra el Director del

  Servicio Forestal y vario de los principales madereros del pais.



  Durante estos juicios se debatio si se podia considerar que los planes

  de manejo, en la forma en que se han tradicionalmente establecido en

  el pais,  cumplian con los requisitos de la Ley Penal del Ambiente para

  la evaluacion del impacto ambiental.  La mayor parte de los planes de

  manejo existentes no se ajustan a los requisitos basicos de estudios de

  impacto ambiental. Normalmente se limitan a los aspectos relacionados

  con la explotacion de la madera, tocando solo en forma superficial el

  conjunto de recursos y servicios relacionados con el bosque en cuestion.

  Se minimizan o ignoran aspectos cruciales, tales como el impacto de la

  explotacion sobre la biodiversidad, el ciclo de nutrientes, la compactacion

  de los suelos, la apertura del dosel, el incremento de la luminosidad, la

  destruccion de habitats; la regeneracion, la sobrevivencia y el

  crecimiento de las especies; la alteracion de la composicion floristica del

  lugar, la erosion genetica y economica del recurso, o el impacto sobre

  la fauna.



  Generalmente se enfoca casi exclusivamente la superficie delimitada por

  los linderos de la concesion, sin tomar en consideracion el impacto sobre

  el entorno fisico y social circundante. El efecto sobre comunidades

  indigenas aledanas, el deterioro de carreteras por el transporte pesado

  de rolas, la contaminacion atmosferica causada por la quema de

  desperdicios en los aserraderos, o el deterioro del valor economico del

  recurso, son algunos de los aspectos que se excluyen de los planes de

  manejo, pero que deben formar parte de estudios integrales de impacto

  ambiental.



  El tratamiento del sector forestal en la Ley Penal del Ambiente se

  encuentra viciado por subterfugios juridicos y exabruptos tecnicos. El

  articulo quinto del decreto presidencial 2213, del 23 de Abril de 1992,

  identifica a la explotacion forestal como <"area susceptible de degradar

  el ambiente">, y por lo tanto obligada a la presentacion de estudios de

  impacto ambiental. Sin embargo, se especifica en ese mismo decreto

  que las evaluaciones de impacto ambiental solo seran necesarias

  <"cuando las explotaciones forestales ocurran en terrenos con

  pendientes comprendidas entre 15% y 50%">.



  En la gran mayoria de los casos existentes en Venezuela, la explotacion

  forestal se autoriza en terrenos con pendientes no mayores a 20 por

  ciento. En consecuencia, a traves del decreto presidencial 2213 se ha

  efectivamente excluido a los concesionarios forestales de la obligacion

  de presentar estudios de impacto ambiental. Se implica asi mismo que

  la explotacion forestal en el pais no es susceptible de degradar el

  ambiente, por el simple hecho de practicarse sobre terrenos con

  pendientes menores al 15 por ciento.



  Los planes de manejo, en la forma en que se preparan y practican en

  Venezuela, no cumplen con los lineamentos de la FAO para la

  evaluacion del impacto ambiental de actividades forestales. Tampoco

  cumplen con los requisitos basicos de la Guia para Estudios de Impacto

  Ambiental del Ministerio del Ambiente, el organismo encargado de velar

  por la proteccion y el manejo sostenible de los recursos forestales del

  pais.



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                           JULIO CESAR CENTENO

                              APARTADO 750

                           MERIDA - VENEZUELA

                             FAX 074-714576

                      EMAIL: JCENTENO@CIENS.ULA.VE

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